Ha pasado más de un año desde que Joe Biden asumió el cargo de presidente número 46 de los Estados Unidos. Antes de la carrera presidencial de 2020, Biden era percibido como alguien familiarizado con América Latina. Se sabe que el exvicepresidente viajó 16 veces a la región durante los años de Obama y fue el arquitecto detrás del Plan Colombia y la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI por sus siglas en inglés), dos alianzas de seguridad antinarcóticos con Estados Unidos. Según el senador de Delaware Tom Carper, Biden considera que la alta demanda de narcóticos ilegales de los Estados Unidos es una de las causas fundamentales de la violencia y el desorden económico en Centroamérica y siente la obligación moral de que los Estados Unidos desempeñen un papel activo en la región. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina afirmó una vez que Biden lo presionó para extender el mandato de una comisión anticorrupción respaldada por la ONU como condición para recibir ayuda estadounidense en 2015. Pérez Molina fue luego arrestado por cargos de corrupción, mientras que la comisión fue desmantelada por el próximo presidente, un aliado de Trump.
Antes de tomar posesión como presidente, el hemisferio occidental ya enfrentaba enormes desafíos previos y exacerbados por el brote de COVID-19: retroceso democrático, empeoramiento de la desigualdad de ingresos, corrupción institucional y una crisis migratoria que empujaba a las poblaciones vulnerables hacia la frontera sur de los EE. UU. Durante el año anterior a la pandemia, estos agravios se tradujeron en movimientos de protesta masivos en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y otros lugares de la región. Mientras que el interés de Trump en el hemisferio se centró en disuadir la migración centroamericana y en un enfoque de ojo por ojo con los líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba —la Troika de la tiranía, según el exasesor de seguridad nacional John Bolton—, Biden prometió un regreso al multilateralismo y la reconstrucción de alianzas basadas en valores democráticos compartidos. Esto significó abandonar el enfoque transaccional de Trump en las relaciones bilaterales, sobre todo, hacer la vista gorda ante la corrupción y las prácticas autocráticas a cambio de “Acuerdos de Tercer País Seguro” con los gobiernos del Triángulo Norte y otras coacciones para detener a los inmigrantes en México.
A pesar de las promesas de una política de inmigración más humana y la renovación de las relaciones bilaterales, el primer año de Biden en el cargo revela mucha continuidad en los objetivos de la política exterior de EE. UU. con un cambio en el conjunto de herramientas diplomáticas para la región. Si bien Biden cumplió su promesa de campaña de otorgar a los venezolanos el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) y restableció protecciones de asilo para las víctimas de pandillas y violencia doméstica, la Casa Blanca de Biden ha mantenido y ampliado en gran medida las políticas de inmigración deshumanizantes de Trump.
El agosto pasado, la Corte Suprema ordenó a la administración de Biden restablecer y hacer cumplir los Protocolos de Protección a Migrantes (“Permanece en México”), la política fronteriza característica de Trump destinada a desmantelar la efectividad del sistema de asilo de EE. UU. Con el pretexto de acatar el fallo, Biden ha ido más allá y ha ampliado el programa, llegando incluso a incumplir una promesa de campaña al firmar nuevos contratos con centros de detención de migrantes con fines de lucro. De manera similar, el Departamento de Justicia de Biden optó por defender el Título 42 en los tribunales, otra controvertida política de Trump que permite la expulsión masiva de migrantes bajo el pretexto de preocupaciones de salud pública, y abandonó las negociaciones para compensar a familias separadas por la fuerza en la administración anterior.
De manera que no fue de extrañar que la vicepresidenta Kamala Harris hiciera eco de las palabras de su predecesor durante su primer viaje al extranjero cuando se puso de pie junto al presidente guatemalteco e instó a los migrantes a no venir a los Estados Unidos. Más recientemente, las autoridades mexicanas dieron a conocer nuevos requisitos de visa para los migrantes venezolanos, supuestamente a petición de las autoridades estadounidenses que buscan disuadir a un número récord de venezolanos de llegar a la frontera, lo que indica otra continuidad en la relación de Trump con México.
“QUIERO SER CLARA PARA LAS PERSONAS DE ESTA REGIÓN QUE ESTÁN PENSANDO EN HACER ESE PELIGROSO VIAJE A LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: NO VENGAN. NO VENGAN”
Vicepresidenta Kamala Harris
IMPASSES DIPLOMÁTICOS
A nivel diplomático, no parece haber señales de resolución de conflictos con los gobiernos autoritarios de la región, al mismo tiempo que Biden ahora puede contar con nuevas relaciones adversarias. Biden se ha chocado con el brasileño Jair Bolsonaro por la política climática y ha dejado de lado al aliado de la guerra contra las drogas Juan Orlando Hernández durante su último año como presidente de Honduras tras la creciente evidencia de su participación en el tráfico de drogas. Adicionalmente, las sanciones diplomáticas y financieras contra Cuba y Venezuela iniciadas bajo Obama y Trump siguen vigentes, y se han ampliado bajo la Ley RENACER y la llamada Lista Engel para incluir acciones contra funcionarios acusados de corrupción en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Ninguna relación se ha agriado más rápido que la de Nayib Bukele de El Salvador, un populista carismático que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal de su país el año pasado. Un proyecto de ley de gastos de diciembre de 2020 firmado por Trump incluyeron profundos recortes en ayuda militar a El Salvador, pese a contratos de lobby por millones de dólares firmados entre Bukele y bufetes de abogados de D.C. destinados a mejorar las relaciones con Washington. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador han seguido deteriorándose bajo Biden, a medida que los principales diplomáticos estadounidenses han dejado sus puestos en San Salvador tras desacuerdos muy publicitados sobre la gobernabilidad democrática. Una ola de reemplazos judiciales con leales a Bukele en la Sala de lo Constitucional del país generó revuelo después de que se dejara de lado una prohibición constitucional a la reelección presidencial el pasado septiembre. En diciembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó a funcionarios de Bukele de llegar a acuerdos con las pandillas MS-13 y Barrio 18 para reducir la cantidad de “homicidios confirmados” a cambio de otorgar privilegios de prisión, acceso a trabajadoras sexuales y protección contra la extradición a líderes pandilleros. Treguas secretas entre pandillas para reducir asesinatos no son nuevas en El Salvador y se han llevado a cabo en el pasado por todos los partidos políticos en el poder.
RETOS Y OPORTUNIDADES
El hemisferio occidental enfrentó un tumultuoso 2021. La crisis actual en Haití, profundizada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y la represión a manifestantes en Cuba corren el riesgo de exacerbar las condiciones humanitarias en todo el hemisferio devastado por la pandemia y un estado de derecho precario. Sin embargo, existen algunos puntos diplomáticos que destacar. Estados Unidos ha donado hasta ahora 53 millones de vacunas contra el coronavirus a América Latina y ahora es la región con la tasa de vacunación más alta del planeta. Juan Gonzalez, quien se desempeña como director para el Hemisferio Occidental de Biden, dice que la administración quiere que los países emulen buenas prácticas, tal como otorgar estatus de protección a migrantes venezolanos —en esencia, un TPS regional ya replicado en Colombia, Ecuador y República Dominicana—e inversiones en energías renovables. La administración Biden afirma que quiere promover la gobernabilidad democrática y abordar las “causas fundamentales de la migración”, una estrategia de cinco pilares que incluye abordar la corrupción, la desigualdad, el respeto por los derechos humanos y otros desafíos. La reciente elección de Xiomara Castro en Honduras presenta una oportunidad única para reanudar relaciones y abordar la corrupción y la violencia de género, al igual que Gabriel Boric de Chile, quien se ha comprometido a abordar la desigualdad y el cambio climático. Las próximas elecciones presidenciales en Colombia, donde todos los principales candidatos se han comprometido con frenar la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, también le darán a Estados Unidos una oportunidad de tratar la política de drogas hemisférica como un problema de salud pública. Para hacerlo, Biden deberá tener en cuenta la historia de la región, abandonar interpretaciones matizadas de la Doctrina Monroe y buscar relaciones constructivas con socios confiables que produzcan ventanas de oportunidad para el progreso. No hacerlo empujará a América Latina hacia potencias globales desinteresadas en la supuesta visión de Biden de un hemisferio democrático, y debilitará aún más la credibilidad de Estados Unidos en la región
Juan Andrés Misle Dona es Representante Acreditado del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN por sus siglas en inglés) y cocreador, coanfitrión y productor de RADIO CARECEN DC. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y Hemisféricos de the George Washington University. Pueden seguirlo en Twitter @juanandresmisle